En el marco del cierre de la entidad educativa de gestión privada, los trabajadores docentes y no docentes afirman que les adeudan los sueldos desde octubre pasado.

Apesar de la larga batalla de la comunidad educativa para que el Instituto French, ubicado en French 37, localidad de Ramos Mejía, no cierre sus puertas, el futuro del colegio privado sigue siendo incierto. Según los representantes legales, la entidad no matricularía este año por inconvenientes económicos. A esto, se suma que los docentes y trabajadores del establecimiento denunciaron que les adeudan los salarios desde octubre pasado.

En diálogo con El1 Digital, Andrea Amalfitani, docente y madre de un alumno de la escuela de gestión privada, indicó: “A todos nos adeudan, pero no estamos en la misma situación. Algunos están más complicados al no ser personal subvencionado. Los docentes recibimos la parte que proviene del Estado y nos adeudan la parte que le corresponde a la escuela. El panorama actual es muy difícil. Los trabajadores administrativos o de maestranza están en peores condiciones”.

“Prácticamente, nos adeudan desde octubre del año pasado, algunos no cobraron aguinaldo, otros no percibieron aguinaldos y sueldos completos. A los docentes nos deben una parte de noviembre y la mitad del sueldo diciembre. Nunca pagaron de manera regular, pero completaban el salario en cómodas cuotas”, lamentó.

Además, mencionó que realizaron la denuncia ante el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). “Estamos esperando respuestas de parte de ellos. Se emitieron telegramas laborales y se redactaron mails, los cuales no fueron respondidos. En tanto, algunos compañeros recibieron una respuesta, pero no soluciona la situación actual”, sostuvo.

Amalfitani comentó que no las han llamado de otros colegios, ni han recibido ayuda por parte del Gobierno municipal. “No recibimos ningún tipo de propuesta laboral ya que aun tenemos dependencia laboral con el Instituto French y no tenemos posibilidades de comenzar una búsqueda laboral porque somos empleadas del colegio. El futuro es incierto”, señaló.

“Si nos despiden, comenzaremos una desesperada búsqueda de trabajo. Nuestros derechos se ven completamente vulnerados y se ejerce violencia simbólica con nosotros, al no responder nuestras demandas y no cumplir con las obligaciones patronales, por lo que es violencia, sumado a esto, la situación económica”, disparó.

Otra docente, Jimena Krywdik, mencionó: “Soy maestra titular hace trece años, tengo mis puntajes en ese colegio y, al no resolverse la situación actual, no sabemos qué perspectiva se puede ver. Damos por sobre entendido que ya no abrirá sus puertas, ya que hasta el momento no se inició la matriculación 2021. La escuela está cerrada desde el 17 de marzo del año pasado, sin mantenimiento”.

Según Krywdik, al seguir vinculada de la escuela, no sabe sobre su futuro laboral. “Esta situación no me permite planificación de cómo será mi porvenir, si puedo presentarme a los actos públicos de febrero para tomar un cargo. No puedo planificar nada. Ejercen una violencia emocional sobre nosotros. Es imperdonable lo que hicieron”, remarcó.

“A su vez la gran mayoría de los alumnos, obviamente, ya están anotados en otras instituciones. En mi caso particular, tengo dos hijos en edad escolar que acudían al Instituto French y, ante este escenario, logré conseguir vacantes, pero no para los dos en el mismo establecimiento”, contó.

Por su parte, Romina Cortaberría, secretaria gremial de SADOP, aseguró que siguen realizando diferentes audiencias virtuales para solucionar las demandas de los trabajadores de la escuela. “El 2 de febrero tendremos otra reunión virtual, porque hay un estado de indefinición por parte de la empresa, el Instituto French es una S.R.L y hay un grupo inversor que quiere gestionarla. Los representantes legales sostienen que no se ponen de acuerdo con el número de la oferta y demanda. Tampoco han presentado la documentación correspondiente a los pasivos”.

“Creemos que el Instituto French está en un estado de mucha irregularidad al ocultar datos, junto con la política de vaciamiento. Debe afrontar un costo de 65 millones de pesos. Hay muchas indefiniciones e intimamos a que se aclare la situación y abonen las diferencias salariales que tiene desde octubre, hasta el aguinaldo del año pasado. Esto, también fue informado a la AFIP”, subrayó.

Cortaberría aseguró que se pidió al Ministerio de Trabajo de la Provincia una inspección laboral. “Queremos articular con el Ministerio y la Delegación cómo podría ser esa inspección, ya que está cerrada”, finalizó.

Fuente: El1Digital