Tras la presentación pública que encabezaron, el viernes pasado, los intendentes del PJ bonaerense y un grupo de instituciones para anunciar el impulso a un amparo colectivo contra los tarifazos, este lunes, la iniciativa fue presentada formalmente ante la Justicia.  

Así lo confirmó el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la ONG que aportó los argumentos técnicos a la presentación judicial y que ya cuenta con un antecedente positivo: fue la que, en 2016, logró una cautelar contra los tarifazos que llegó a la Corte Suprema y obligó al Gobierno a retrotraer las tarifas de gas y a realizar audiencias públicas para debatir los aumentos. “En 2015, las tarifas representaban el cinco o seis por ciento de los ingresos de las familias pero, hoy, ya se destina un 26 por ciento de los salarios para pagar las boletas”, apuntó Magario.

Tras el sorteo pertinente, la presentación de los intendentes -que apunta a discutir el último aumento de las tarifas de electricidad, vigente desde el viernes pasado- quedó en manos del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata, a cargo del magistrado Alberto Recondo. 

En ese marco, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, una de las principales impulsoras del amparo, planteó que los alcaldes peronistas resolvieron recurrir a la Justicia “porque hay un Estado ausente”. “Este es un pedido a la Justicia, nuevamente, de amparo. Nos hemos juntado las instituciones defensoras de los consumidores y los intendentes de la Provincia, además de legisladores, preocupados porque las tarifas son impagables. En 2015, representaban el cinco o seis por ciento de los ingresos de las familias pero, hoy, ya se destina un 26 por ciento de los salarios para pagar las boletas”, alegó. 

Asimismo, Magario volvió a criticar la gestión del Gobierno bonaerense. “Necesitamos detener estos tarifazos y que la Gobernadora Vidal se haga cargo de los aumentos que se vienen produciendo. Lo que buscamos los intendentes es proteger a los bonaerenses de este ajuste permanente que ahoga los salarios y no los deja vivir tranquilos”, agregó. 

Además, la jefa comunal matancera recordó que, este año, el Gobierno nacional trasladó el costo de la tarifa social de los servicios públicos a la Provincia y que, a su vez, el Ejecutivo bonaerense fijó topes a esas partidas. En ese sentido, lo que estipula el Presupuesto aprobado en territorio bonaerense es que habrá fondos fijos para costear la tarifa social: serán 2.250 millones de pesos para el transporte, 8.000 millones de pesos para electricidad y 742 millones de pesos para AySA. Si la demanda de tarifa social sube, o los aumentos tarifarios hacen que esos costos sean insuficientes, los gobiernos municipales deberán afrontar el resto. 

“El Gobierno nacional no va a hacerse cargo y en su presupuesto, la Provincia se lo ha traspasado a los municipios, con lo cual, las familias se van a quedar sin tarifa social o nos vamos a tener que hacer cargo los municipios y eso va a implicar un aumento de impuestos a la gente”, advirtió Magario.

 Cabe destacar que el amparo presentado este lunes –firmado, también, por diputados nacionales de distintos espacios, como Cristina Álvarez Rodríguez (FpV-PJ) y Felipe Solá, Victoria Donda y Leonardo Grosso (RedxArgentina), además de movimientos sociales como la CCC- busca demostrar que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, como también los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016, donde se dictaminó cumplir con un criterio de “gradualidad” acorde a los niveles de ingresos de los ciudadanos.

Fuente: http://www.el1digital.com.ar/